En el corazón de cualquier arquitectura democrática moderna reside un pilar fundamental, una piedra angular sin la cual todo el edificio de la justicia se desmorona: el principio de responsabilidad individual. Es una máxima jurídica y ética que hemos tardado siglos en consolidar, fruto de una evolución civilizatoria que nos alejó de la justicia bárbara, de las vendettas tribales y de la responsabilidad por sangre. En un Estado de derecho, la culpa no se hereda como un apellido, ni se contagia por la consanguinidad. Sin embargo, en la arena pública contemporánea, asistimos a un fenómeno creciente y preocupante que parece empeñado en retroceder a épocas más oscuras: el perfilamiento injustificado.
Esta práctica es, en esencia, la estrategia sistemática de destruir la honra de un individuo no por sus propios actos, sino por su cercanía, parentesco o asociación con alguien que ha cometido una falta o un delito. Es la estigmatización por asociación, una herramienta perversa que busca aniquilar reputaciones, no mediante pruebas judiciales, sino a través de la condena social mediática. Cuando se señala a una persona por las acciones de un familiar e incluso de un amigo, no se está buscando justicia; se está ejerciendo una forma de violencia simbólica que atenta contra la dignidad humana. Lo más alarmante es que quienes ejecutan esta labor son, en muchos casos, gatilleros morales al servicio de jefes que se esconden en las sombras de la criminalidad política y mediática, operando tras bambalinas para instrumentalizar el odio ajeno.
Es aquí donde el ejercicio comunicativo contemporáneo ha cruzado una línea peligrosa. Ciertamente, en el devenir de las investigaciones, puede ocurrir que un individuo esté siendo indagado por la justicia y que, de manera aislada, un familiar suyo participe en otro acto delictivo que guarde alguna relación tangencial o temática. Sin embargo, es éticamente inaceptable que periodistas y supuestos comunicadores utilicen estos puntos de conexión para construir un perfilamiento directo y malintencionado. No se limitan a informar el hecho objetivo; convierten el parentesco en una sentencia. Lo que es aún más grave: extienden esta mancha de manera indiscriminada a otros familiares que no tienen la más mínima relación con el hecho, simplemente por el pecado original de compartir un árbol genealógico. Estos "comunicadores", convertidos en sicarios del honor, actúan bajo instrucciones de poderes fácticos, disparando epítetos y sospechas contra blancos seleccionados para desgastar adversarios sin necesidad de una sola prueba legal.
Este perfilamiento no busca la verdad, busca el impacto. Bajo el pretexto de una supuesta "investigación periodística", algunos comunicadores crean narrativas donde el parentesco se convierte en prueba de culpabilidad presunta. Señalan, exponen y condenan a núcleos familiares enteros, ignorando que, en una sociedad de leyes, la inocencia es el estado natural y que la responsabilidad, por definición constitucional, es personal. Al etiquetar a toda una estirpe por las acciones de uno solo, estos agentes al servicio de intereses oscuros intentan demostrar que la moralidad es una cuestión de ADN y no de comportamiento.
La justicia penal, en todas las democracias liberales, es personalísima. El artículo 29 de la Constitución Colombiana, y preceptos similares en la mayoría de legislaciones occidentales, dictaminan con claridad meridiana que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. No obstante, en la plaza pública —hoy digitalizada y amplificada por las redes sociales— este principio se ignora. Cuando una sociedad acepta que la honra de un individuo es un activo negociable que se pierde por la conducta de sus familiares, está admitiendo que la presunción de inocencia es una ficción. Esta premisa, tan simplista como destructiva, ignora la autonomía de la voluntad y la capacidad de cada individuo de construir su propio destino al margen de sus raíces.
¿Por qué resulta tan seductor para ciertos sectores este perfilamiento injustificado? La respuesta radica en la economía del odio. Es mucho más sencillo, rápido y rentable políticamente destruir la reputación de alguien mediante una narrativa de culpa por sangre que enfrentarse a la complejidad de la realidad, a la falta de pruebas o a la defensa de los argumentos. Es un atajo comunicativo: no necesito demostrar que eres un delincuente, solo necesito demostrar que tu apellido está vinculado a un suceso reprochable. La carga de la prueba se invierte: el estigmatizado debe desgastarse en una defensa imposible ante un tribunal compuesto por una opinión pública ansiosa de chivos expiatorios, orquestada por los titiriteros de la política y el mediatismo.
El impacto de este fenómeno trasciende el plano individual. Cuando como sociedad permitimos que este perfilamiento prospere, debilitamos el tejido democrático. El Estado de derecho requiere ciudadanos libres, autónomos y juzgados bajo criterios objetivos. Si empezamos a aceptar que la reputación es una propiedad comunitaria sujeta a los pecados de los otros, destruimos la libertad de conciencia. La persecución del individuo a través de su entorno familiar inhibe la participación, genera miedo y normaliza la violencia verbal y simbólica, convirtiendo el periodismo en una herramienta de señalamiento en lugar de una de clarificación.
Es imperativo rescatar la noción de la honra como un derecho fundamental, no como una concesión graciosa de la opinión pública. Quienes se dedican a la labor de informar y opinar tienen una responsabilidad mayor. El periodismo, en su sentido más noble, debe ser un antídoto contra el perfilamiento injustificado, no un vehículo para su propagación. La búsqueda de la verdad requiere rigor, contrastación y, sobre todo, una ética que se niegue a convertir el linchamiento en noticia.
La defensa del individuo frente a estas tácticas de los gatilleros morales no es, de ninguna manera, una apología de la impunidad. Por el contrario, la justicia auténtica solo es posible cuando se enfoca en los responsables reales, con el debido proceso y la severidad que la ley manda. Pero una cosa es sancionar el delito y otra muy distinta es utilizar el vínculo familiar como un arma para devastar la vida de personas inocentes, siguiendo las órdenes de quienes se esconden en la criminalidad política para encender la hoguera.
En conclusión, debemos trazar una línea roja infranqueable. La convivencia en una sociedad democrática exige que dejemos de buscar culpables en los árboles genealógicos y empecemos a mirar a las personas por lo que son y lo que hacen. El perfilamiento injustificado, con su carga de intolerancia, no es más que una expresión de barbarie vestida de justicia social. Es tiempo de recordar que, en la república de las leyes, el apellido no es una sentencia, y que la responsabilidad, por fortuna y por justicia, siempre será singular.