Durante años, Cúcuta ha tratado la seguridad como un capítulo más en los planes de desarrollo de los mandatarios de turno. Es un error de diseño. En una ciudad de frontera, con la presión criminal que enfrenta la nuestra, la seguridad no es un capítulo aislado; es la condición que decide si los demás sectores funcionan.
Cuando se habla de seguridad en Cúcuta, la conversación suele arrancar y terminar en lo mismo: más policías, más cámaras, más operativos. Son herramientas necesarias, y nadie serio las descarta. Pero una ciudad no se vuelve segura únicamente porque tenga más uniformes en la calle. Se vuelve segura cuando sus habitantes sienten que el espacio público les pertenece, que las instituciones responden y que existe una vida posible lejos del delito. Esa es la idea que debería ordenar la política de desarrollo territorial: la seguridad como un asunto de convivencia y de oportunidades, además de un asunto de fuerza.
Detrás de cada cifra delictiva hay una decisión económica que no se tomó. Un empresario que descarta abrir una planta, un comerciante que cierra a las cinco de la tarde, una familia que prefiere no matricular a su hijo en una sede lejana, un joven que acepta el dinero fácil porque el sistema no le ofreció otra cosa. La inseguridad es un impuesto invisible que pagan todos, y lo pagan más los más pobres. Ya lo advertían los gremios: los altos índices de inseguridad y de homicidios frenan la inversión de empresarios nacionales y extranjeros en esta zona.
Pero ¿por qué nos cuesta tanto sostener las mejoras? Porque tratamos de ganar en la calle una batalla que se pierde antes, en la casa, en la escuela y en la esquina del barrio. Quien recluta a un adolescente de quince años en una estructura criminal no le ofrece solo dinero; le ofrece pertenencia, protección y un futuro, aunque sea corto. Si el Estado no compite con esa oferta, perderá la competencia por más operativos que haga. La seguridad ciudadana empieza, entonces, por una pregunta incómoda: ¿qué le estamos ofreciendo a un joven de la que valga más que lo que le ofrece el crimen?
La respuesta tiene capas, y cada capa corresponde a un horizonte de tiempo.
En lo inmediato, la prioridad es proteger la vida. Eso exige focalizar: identificar los puntos y las horas donde se concentra el delito, desplegar la presencia policial allí con inteligencia y no con rutina, y atender de forma prioritaria a quienes están amenazados, sean líderes sociales, comerciantes o transportadores. La reacción rápida no resuelve el problema de fondo, pero salva vidas, y salvar vidas es lo primero que debe poder hacer un Estado.
En el corto plazo, la ciudad necesita información y coordinación. Un observatorio del delito que publique cifras mensuales y abiertas permitiría que concejales, academia, gremios y ciudadanos evalúen qué funciona. Las cámaras y la analítica criminal sirven si alimentan decisiones, no si se limitan a grabar. Y los frentes de seguridad comunitarios, bien acompañados, devuelven algo que ninguna tecnología reemplaza: vecinos que se conocen y se cuidan entre sí.
En el mediano plazo, el desafío es la justicia y el entorno. Un homicidio sin esclarecer es un mensaje de impunidad para el siguiente victimario; fortalecer la investigación criminal y la coordinación con la Fiscalía es una inversión en disuasión. Igual de importante es el entorno físico: un barrio con alumbrado, parques vivos y transporte digno es un barrio más difícil de capturar por el miedo. La modernización del transporte público del área metropolitana no es solo un asunto de movilidad; es una pieza de seguridad, porque una parada oscura o un trayecto inseguro limitan la vida de miles de personas, sobre todo mujeres y jóvenes.
En el largo plazo, el reto es económico. Cúcuta vive en una frontera que durante décadas combinó comercio legítimo con rentas ilegales, y esa mezcla debilitó la confianza en lo formal. Reindustrializar, digitalizar y diversificar la economía local es, en el fondo, la estrategia de seguridad más profunda que existe: una ciudad con empleo formal, empresas que crecen y una oferta educativa conectada con ese empleo reduce el atractivo de la ilegalidad sin necesidad de dispararle a nadie. No ocurre de un año para otro, pero tampoco ocurre si no se empieza.
Esta visión implica una decisión de arquitectura institucional: la seguridad no puede seguir viviendo en una sola secretaría. La Secretaría de Educación debe tener metas de permanencia escolar vinculadas a la prevención. Cultura y Deporte deben concentrar su oferta en los barrios con mayor riesgo. Desarrollo Económico debe diseñar rutas de empleo para jóvenes y población migrante. Planeación debe incorporar criterios de seguridad en el ordenamiento territorial. Cada una de estas dependencias es, de hecho, una dependencia de seguridad, aunque no lleve ese nombre. Mientras no lo entendamos así, seguiremos pidiéndole a la Policía que cargue con problemas que no le corresponden y que ninguna institución podría resolver sola.
También significa pensar en el tiempo. Hay respuestas de horas: proteger a quien está amenazado, ocupar el punto caliente, atrapar al sicario. Hay respuestas de meses: cámaras, subestaciones, analítica criminal. Hay respuestas de años: justicia cercana, urbanismo preventivo, educación pertinente. Y hay respuestas de una generación: una economía legal lo bastante diversa y rentable para que la ilegalidad deje de ser el camino más corto. Una política seria necesita las cuatro, porque quien solo hace la primera administra la crisis, y quien solo hace la última se queda esperando mientras la ciudad se desangra.
Por eso la seguridad debe ser un eje transversal. Hay tres razones.
Primera: sin seguridad no hay inversión. La reindustrialización y la transformación digital de Cúcuta, que son las apuestas más serias para dejar atrás la dependencia del comercio informal y de las rentas fronterizas, requieren capital paciente, y el capital paciente no llega donde el riesgo es impredecible. Un parque industrial, un polo de servicios digitales o una zona franca necesitan más que incentivos tributarios: necesitan que el trabajador llegue y salga con tranquilidad, que el camión transite sin extorsión y que el contrato se cumpla. La seguridad es infraestructura, tan material como una vía o una red eléctrica.
Segunda: la seguridad no se construye solo con policías. Las cifras de corto plazo pueden mejorar con operativos, capturas y tecnología, y es justo reconocerlo: hubo periodos en que la estrategia de la Policía Metropolitana logró reducciones notables en ciertos meses. Pero esas mejoras son frágiles si no se sostienen con empleo, educación, espacio público, transporte digno y justicia que funcione. Un joven no deja la órbita criminal por un retén; la deja si tiene una oportunidad concreta en su barrio. Cuando la seguridad se queda en el capítulo “orden público”, el Estado trata los síntomas y deja intacta la enfermedad.
Tercera: la seguridad es lo que le da sentido a la política territorial. Un plan de movilidad que no considera la seguridad de los usuarios del transporte público fracasa. Un plan de vivienda sin alumbrado ni espacio público crea los territorios del mañana donde el delito echará raíces. Un plan de turismo y comercio en una frontera que reabre, tras años de cierre y tensión, no puede prometer prosperidad en calles donde se asesina en un restaurante a plena luz del día. Cada política sectorial debe pasar por un filtro de seguridad, igual que pasa por uno ambiental o fiscal.
Hay además una dimensión que rara vez entra en los planes: la confianza. Una ciudad donde la gente denuncia, colabora y cree en sus autoridades es una ciudad donde el delito se hace costoso. Esa confianza se construye con trato respetuoso, con resultados visibles y con rendición de cuentas. Cada vez que una denuncia se pierde o una amenaza se ignora, se erosiona. Cada vez que un caso se esclarece y la comunidad lo sabe, se reconstruye un poco. La política de seguridad debería medir no solo cuántos delitos ocurren, sino cuánto confían los cucuteños en quienes deben protegerlos.
¿Qué significa en la práctica? Que el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana deje de ser un documento que se archiva y se convierta en el eje que ordena las decisiones de presupuesto. Que las secretarías de Educación, Cultura, Desarrollo Económico, Infraestructura y Movilidad tengan metas de seguridad dentro de sus propios planes de acción. Que exista un observatorio con datos abiertos, para que la ciudadanía y los concejales puedan medir qué funciona y qué no. Y que la ciudad se coordine de verdad con la Gobernación, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y las autoridades migratorias, porque el crimen en la frontera no respeta jurisdicciones y nuestra respuesta tampoco puede fragmentarse.
Cúcuta tiene lo que otras ciudades envidiarían: ubicación estratégica, vocación comercial, talento joven y una frontera que, bien gestionada, es una ventaja. Pero nada de eso florece sin la certeza mínima de poder vivir y trabajar en paz. La próxima discusión sobre desarrollo territorial no debería preguntar cuánto presupuesto se asigna a la seguridad, sino cómo se garantiza que cada peso invertido en la ciudad esté protegido por ella. La seguridad no es un gasto sectorial. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás.